Venezuela: Transtorno de ideas delirantes
Sobre las
circunstancias que rodearon la muerte de Franklin Brito, quien realizaba una
huelga de hambre en Caracas.
En el museo de la ignominia quedará la justificación que realizó la Fiscal
General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, sobre la medida de
privación ilegítima de libertad contra Franklin Brito. Esa decisión, de
recluirlo a la fuerza en el Hospital Militar durante su huelga de hambre,
causó la radicalización del conflicto, dificultando el diálogo y apostando
por un desgaste que terminó, en última instancia, con su fallecimiento.
Como se recordará el 15 de enero del 2010 la Fiscal anunciaba, a través de
los medios estatales que el productor agropecuario padecía de "trastorno de
ideas delirantes". La doctora Díaz se convirtió en una figura activa de la
campaña de criminalización y desprestigio, a la cual también se sumó la
Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, quien el 14 de diciembre del 2009
sostuvo que Brito "no reunía la mejor condición mental". Por defender lo que
consideraba como sus derechos violentados, las máximas figuras del llamado
"Poder Moral" lo llamaban loco.
Debido al drama relacionado con sus sucesivas huelgas de hambre, con
frecuencia se olvida que la violación de la titularidad de sus tierras era
sólo un capítulo de una serie de atropellos contra este trabajador, oriundo
de Río Caribe, que empezaron cuando tuvo el "trastorno" de señalar, con
pruebas, la inminencia de actos de corrupción en los organismos estatales.
Como consta en la comunicación que Brito dirigió a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2009, y en las primeras
informaciones sobre su caso ventiladas por los medios, en abril del año 2001
el biólogo denunció que un millonario proyecto de fumigación con
agroquímicos, contemplado por la Alcaldía del Municipio Sucre del estado
Bolívar a ser financiado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), no
era la mejor alternativa para combatir las enfermedades en los cultivos de
ñame de la región. En cartas dirigidas a la Asamblea Nacional, El Bloque
Parlamentario Región Guayana y el Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas (INIA), Brito alertó que de concretarse ese proyecto constituiría
un "uso inadecuado de los recursos", pues no era recomendable para el modelo
de siembra utilizado en la zona. El INIA le dio la razón, recomendando el
uso de variedades de ñame resistentes a las plagas como una solución más
económica y ecológicamente sustentable. En consecuencia la CVG desistió del
financiamiento, desbaratando el negocio que involucraba, entre otros
funcionarios, al alcalde del municipio, Juan C. Figarella.
Es aquí donde comienza el vía crucis de Franklin Brito y su familia. Como
retaliación por su denuncia, se dispararon diferentes resortes del poder
para hacerle pagar con intereses sus "ideas delirantes". El 16 de abril del
2001 es despedido del Instituto Autónomo Municipal de Desarrollo Agrario (IAMDA),
una institución dependiente de la Alcaldía del Municipio Sucre.
Paralelamente fue cesado en su cargo de profesor de la Unidad Educativa
Nacional "El Guarataro", cuya directora, Griselda Álvarez, era prima del
alcalde Figarella. Como si lo anterior no fuera suficiente, también es
botada su esposa, Elena Rodríguez de Brito, de su rol de docente en la
Escuela Integral Bolivariana "El Guarataro". Como parte de este ensañamiento
ocurre el otorgamiento de cartas agrarias, por parte del Instituto Nacional
de Tierras (INTI), sobre terrenos que pertenecían al biólogo y que
eliminaban la única vía de acceso a su fundo de 290 hectáreas,
imposibilitándole la entrada y el trabajo en el mismo. Y es aquí donde
Franklin Brito decide la "locura" de pelear, sin descanso, por el
resarcimiento de sus derechos, es la parte de la historia cuyo desenlace es
lastimosamente conocido.
Ante su determinación de hacer visible las irregularidades, el Ejecutivo
Nacional asumió una estrategia incoherente. Por un lado cumplieron
parcialmente algunas de sus demandas, como bien las enumeró la postura
oficial tras el fallecimiento del huelguista, sin embargo por otro se
apostaba a la estrategia del desgaste y la difamación, para intentar
doblegarlo en su determinación. Algún día tendrá que responder por sus actos
un conductor del programa nocturno del Canal 8 que aseguraba tener una
filmación de la esposa de Brito con otro hombre; o aquellos que manipularon
y difundieron un video para intentar demostrar que Brito era un chantajista.
Su caso tenía una fácil solución si hubiese existido la franca voluntad de
dialogar y resolver el problema, sin embargo lo que imperó fue el irrespeto,
la soberbia y la intolerancia.
El error homicida del gobierno fue secuestrarlo en el hospital militar pues
obligó a Franklin a radicalizar su huelga. Cuando el gobierno intentó
retomar el diálogo el deterioro de su salud era irreversible. En ese momento
las demandas principales de Brito eran formalizar como reparaciones
materiales a daños contra su persona, las diferentes medidas tomadas por el
Ejecutivo en su caso y un pronunciamiento, a favor o en contra, del propio
presidente de la República.
En Venezuela hay una nueva denominación para quienes deciden no claudicar en
la defensa de sus derechos: "trastornados de ideas delirantes".
Fuente: El Libertario
www.nodo50.org/ellibertario
Humanidad. Nº 15